El nuevo proyecto de ley contempla que los conjuntos residenciales con más de 30 unidades privadas deberán contar con un revisor fiscal. Este cambio busca establecer un control más riguroso sobre la administración financiera y garantizar una mejor gestión de los recursos. La medida responde a la necesidad de prevenir descalabros económicos en las propiedades horizontales y asegurar una administración transparente.